23 de mayo de 2010

El fisco y el Rey Lear

Porque no me digan ustedes que no les da un tufillo a eso, a que nuestro Presidente del Gobierno tiene un puntito muy "Rey Lear".
Para los que no lo sepan, que intuyo que son más de uno, les adelantaré (y con eso les ahorro tener que escribir en Google "rey lear") que el tal rey es fruto del genio trágico de Shakespeare, y que no tuvo mejor ocurrencia que entregar su reino a sus tres hijas porque el hombre quería retirarse y así comprobaba de primera mano qué tal se apañaban las tres. A la que mejor le fuese le tocaría el premio gordo y listos. No le salió muy bien la jugada, pero eso es otra historia y el que quiera saberla que busque en Google o, muchísimo mejor, que se lea la obra.
Pues a mi, qué quieren que les diga, el presidente Zapatero me está dando un aire a Rey Lear que no veas. A ver, me explico. Después de la audaz e ingeniosa bajada de sueldo a los funcionarios, de la agudísima congelación de las pensiones, y del parón de las obras públicas, el gobierno anunció la llegada de un nuevo impuesto "para los ricos".
Por la parte que me toca intentaré ser lo más aséptico y breve posible.
Sin entrar en consideraciones políticas, no puedo dejar de reconocer un cierto aire de despropósito, improvisado, mal anunciado y mal estudiado. Un gesto lanzado a la galería para contentar a las huestes de currantes que nos estamos comiendo la crisis con papas y sin anestesia.
Un "impuesto para los ricos" es algo que a cualquier trabajador le parecerá bien. Pero las cosas no se hacen para que parezcan bien. Porque digo yo ¿no existe ya el Impuesto sobre el Patrimonio?. ¿A santo de qué crear ahora otra figura impositiva del todo innecesaria? Como si el panorama fiscal del estado no estuviera ya lo suficientemente liado como para legislar a quo
. En la Facultad de Derecho ya nos enseñan que no se hacen las leyes pensando en problemas concretos y puntuales. Una ley no es cualquier cosa. Y una ley que instaure una figura tributaria no puede ponerse en solfa sin un mínimo de responsabilidad. Si lo que se quiere es gravar la renta de los más acaudalados ¿Porque no se recurre al IRPF? Está ahí y puede usarse, y en caso muy necesario incluso cabría la posibilidad de modificar puntualmente su normativa, que no es lo mismo una modificación parcial de la normativa de un impuesto que crear un nuevo desde cero. Y si lo que se quiere gravar es la tenencia de patrimonio bastaría con recurrir entonces al ya citado Impuesto sobre el Patrimonio. Les recuerdo a ustedes que hablamos de un tributo que aún hoy en día sigue existiendo aunque desde 2008 se anuló de facto al establecier un bonificación del 100% de la cuota y además suprimir la obligación de declarar por el mismo.
Cuestión distinta sería si de lo que habláramos es de una reforma integral de todo el sistema fiscal español (que tampoco estaría mal) pero crear impuestos para calmar inquietudes sociales no es un buen camino.
En cualquier Estado moderno la fiscalidad es un instrumento de enorme importancia y que tiene unos efectos directos sobre la ciudadanía y sobre la salud financiera del país. Es una herramienta no sólo de gestión económica sino también política. Su diseño obedecerá a las directrices ideológicas del gobierno de turno que haya elegido la soberanía popular. No se puede banalizar la fiscalidad ni la tributación.
Sencillez, claridad, eficacia y seguridad jurídica.
Recupérese el Impuesto sobre el Patrimonio y gestiónese bien. Los beneficios económicos y sociales para el país seguramente serían más sólidos que lo que aporte ese anunciado impuesto para ricos.
El rey Lear entregó el reino a sus hijas para probarlas y, como dije, no le salió bien el experimento. Tengo la esperanza (escasa, eso sí) de que el presidente del Gobierno no entregue el reino de la fiscalidad a las exclusivas manos de las necesidades políticas momentáneas porque es más que probable que acabara igual de mal.

12 de mayo de 2010

Problemas con el I.B.I. (y van...)

Coexisten en nuestra dialéctica palabrejas que en el argot económico suenan muy bien, muy "in", pero que tienen (casi siempre) una traducción castiza bastante más normalita cuyo significado todo el mundo conoce. Siempre recuerdo cuando en un Master que cursé de la Universidad Politécnica de Madrid se nos hizo referencia a las "técnicas de outsourcing". O lo que es lo mismo: nuestra muy ancestral "subcontrata". Vamos, que igual les hubiera dado decir "técnicas de subcontratación" pero ya no suena igual. En fin.
Lo de "problemas estructurales" también es muy manido pero al contrario que los abundantísimos anglicismos, eso de "problemas estructurales" es casi más propio de la fauna política y un poquito menos de la económica (aunque también). Como no es el objeto del comentario de hoy no me extenderé demasiado sobre el tema, pero sí apuntaré a uno que ya es recurrente: la financiación local.
¿Y qué es eso de la financiación local? Porque todos sabemos que España está en crisis, que el Real Madrid no arranca, que el circo del "caso Malaya" está plagado de sinvergüenzas que acabarán forrándose (aún mas) a base de vender exclusivas en nuestras ejemplares televisiones privadas, pero... ¿financiación local?
¿Qué es eso de la financiación local? Es más, ¿a quien le importa?
Pues sepa, amigo mio, que la cosa tiene más enjundia de lo que parece.
Porque la financiación local, entre otras cosas, es lo que hace que tenga usted farolas en su barrio, o que unos señores le recogan la basura, que le llegue el agua a su casa, que pueda usted usar autobuses o que haya algún que otro parquecillo en su ciudad. Entre otras cosas.
Y, también aquí, está mal el asunto. Pero no por la crisis, que todo lo toca. La fatalidad de la financiación local viene de lejos. De antes de la crisis.
Actualmente los ingresos de las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) están considerablemente por debajo del nivel de competencias que tienen asignadas. Por eso lo de "problema estructural", que viene a ser lo mismo que un problema no resuelto pero de los de toda la vida. Y añado: sin visos de resolverse.
Los ayuntamientos (dejemos de lado momentáneamente a las Diputaciones) se financian fundamentalmente con participaciones en los ingresos del Estado y con los cinco tipos de impuestos que determina el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. De esos cinco impuestos los que más ingresos suponen son, con mucha diferencia, el I.A.E. (Impuesto sobre Actividades Económicas) y el I.B.I. (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
Del reparto del dinero que proviene de las participaciones en los ingresos del Estado igual hablo otro día, porque la cosa es un pelín lamentable y pinta exactamente igual que todo lo que suena a "administración local", es decir: fatal.
Respecto al dinero que llega vía impuestos locales haré una sencilla y conocida observación: dado que los ingresos más abundantes vienen, como he dicho, del IAE y del IBI (comunmente conocido como "la contribución"), ¿no sería lo más lógico que las administraciones locales (ayuntamientos) gestionasen esos impuestos directamente? Pues no. Papá Estado no se fía. Y como no se fía, lo máximo que consiente es que exista una especie de gestión conjunta, tanto en el I.A.E. como en el I.B.I.
Pero es que el caso del I.B.I. es sangrante. Con el I.A.E. al menos la parte de gestión y recaudación que le toca al ayuntamiento es lo suficientemente autónoma como para que (si el ayuntamiento es eficiente) los ingresos aumenten de forma proporcional a esa eficiencia. Que digo yo que de eso se trata ¿no?. Con el discurrir de los años, papá Estado parece irse dando cuenta (poco a poco, eso sí) de que los que trabajamos en la Administración Local no somos tan borregos y algunas cosas incluso las hacemos bien. Por ejemplo: gestionar el Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.). Y entonces va y nos deja la posibilidad (incluso) de inspeccionar el tributo. No es la mejor solución, pero funciona razonablemente bien. Así que no la toquemos. Virgencita que me quede como estoy.
Pero con el I.B.I., como decía Don Quijote, "con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho".
Resulta que hay un paralelismo notable entre estos dos impuestos. Ambos tienen, además de la finalidad recaudadora evidente a todo tributo, una suerte de función censal que el estado considera, y con razón, de gran importancia. En el I.A.E. se trata de que todos los sujetos pasivos del impuesto estén censados, es decir, dados de alta con sus correspondientes datos fiscales (actividad económica que realizan, localizaciones físicas, ayuntamientos donde ejercen sus actividades, elementos tributarios del impuesto, etc, etc.). Luego, una vez que el Estado (a través de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria) tiene conocimiento de esos datos censales, cede completamente a los ayuntamientos la parte de recaudación y de inspección.
En el I.B.I. es similar. O mejor dicho: debería ser similar. En este impuesto también existe una función censal, solo que en vez de referida a actividades económicas como en el I.A.E. aquí se refiere a inmuebles (urbanos, rústicos o de características especiales). Aquí la que gestiona el tributo no es la AEAT sino la Dirección General del Catastro. Y a la función censal aquí se le llama "catastral". Lógico. Pero ocurre que si en el I.A.E. la Agencia Tributaria cede íntegramente la gestión tributaria (recaudadora) del impuesto a los ayuntamientos, en el caso del I.B.I. no es así.
La Dirección General del Catastro (léase el Estado) se reserva para sí la flor y nata del impuesto y no cede ni las guirnaldas. Legisla a su gusto, negocia a su gusto y condiciona a su gusto. En el mejor de los casos, si el ayuntamiento es lo suficientemente paciente, puede que consiga un Convenio de Colaboración que le permita hacer sus pinitos en la gestión tributaria (siempre en nombre y con la venia de la DGC).
No es una cuestión de la Dirección General del Catastro. Es una cuestión que el estado debe resolver. Porque eso debe cambiar. Si el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre Actividades Económicas son parte intrínseca de la financiación local deben serlo por completo. Todo lo demás son apaños. Los ayuntamientos deben poder gestionar sus vías de ingreso y deben poder hacerlo de forma lo suficientemente autónoma como para no tener que ir rogando favores al estado para poder ejercer lo que la Constitución Española eleva a la categoría de principio: la suficiencia y autonomía financiera.
Si el estado insiste en no ceder íntegramente la gestión tributaria de los impuestos que la Ley configura como propios de la Administración Local entonces estaremos en una situación de perenne e injusta dependencia. Yo creo en la corresponsabilidad fiscal de las administraciones que tanto se oye en los ámbitos de la política nacionalista catalana, pero evidentemente para que haya esa corresponsabilidad fiscal debe haber también medios para ejercerla. Dicho en román paladino: si se le pide a la Administración Local que sea responsable con sus cuentas públicas (cosa muy razonable y cabal) el Estado tendrá que darle, antes o después, la responsabilidad para gestionar sus ya escasas vías de financiación(cosa igualmente razonable e igualmente cabal).